La vivienda, algo más que una necesidad y un derecho
Francisco Javier Domouso, Secretario General de Cáritas Regional de Andalucía, reflexiona sobre el problema de la vivienda en nuestras ciudades y sus consecuencias.
Se habla cada vez más de la falta de viviendas y de cómo ciertas políticas están favoreciendo que los barrios de las ciudades se vayan convirtiendo en alojamientos para turistas ocasionales, expulsando a sus moradores.
El Derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, es decir a vivir en sus barrios, son dos derechos humanos que se encuentran íntimamente relacionados. No son solo derechos individuales, sino que son derechos colectivos de la ciudadanía.
Cuando los poderes públicos renuncian a la intervención sobre la ciudad, esa dejación, las aprovecha iniciativas basadas en políticas especulativas, dejando exclusivamente la intervención y los programas al capital privado y así, la ciudad se transforma en un mero espacio para inversiones especulativas, donde priva la ganancia en detrimento del espacio de desarrollo, convivencia y apoyo social, de los que en ella viven.
Hablar del derecho a la vivienda, es poner encima de la mesa otros derechos. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho poliédrico, que afecta a otros derechos y por tanto con nuestra calidad de vida: el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la política…
El derecho a la vivienda es un derecho constitucional subjetivo, donde los sucesivos gobiernos no han cumplido con el deber jurídico de respetar, proteger, garantizar, promover y no vulnerar el derecho a la vivienda y mucho menos su entorno.
Así ha habido dejación en la rehabilitación integrada y la lucha contra la degradación de los barrios, o el alquiler social que, junto a la regulación del derecho a la vivienda, constituyan los ejes clave de una política de vivienda.
El modelo residencial español, hasta la crisis financiera (provocada en muchos aspectos por ese modelo), derivó en aquél llamado “Boom Inmobiliario” con una expansión continuada de viviendas como objeto de inversión, produciendo un urbanismo ilimitado con una ocupación indiscriminada de suelo para la construcción de viviendas nuevas y el olvido de la ciudad consolidada. Barrios nuevos, sin identidad ni raíces, que derivó en la consolidación especulativa e introducía una espiral de negocios, como la construcción de grandes infraestructuras del transporte, circunvalaciones, autovías, que posibilitaban a su vez, el acceso a nuevas bolsas de suelo, para continuar con esa catarsis de desarrollo inmobiliario…hasta que todo se paró.
La forma en que se ha construido el territorio, ha ido dejando cada vez más en el olvido las actuaciones en otras zonas, menos rentables social y económicamente, y profundizando aún más la degradación de determinados barrios, en los que algunos han encontrado la oportunidad especulativa para otros negocios.
No es cierto que la actuación en esos barrios degradados, no fueran económicamente beneficioso, ya que lo son para el empleo y la acción social, no así para la especulación.
Esa situación es la que ha provocado el olvido de la ciudad consolidada y el abandono de las necesarias políticas de rehabilitación de viviendas, más allá de la construcción de otras nuevas, lo que obligó a la población más humilde a buscar alojamientos en zonas más alejadas e incluso menos consolidadas, creando otros nuevos problemas sociales y urbanísticos.
Una política decidida por la rehabilitación y actuación en las áreas urbanas degradadas física y socialmente implicaría la necesaria reestructuración del sector de la construcción, posibilitando la generación de empleo estable y mantenido en el tiempo, además de acometer la satisfacción de necesidades sociales y acciones contra la vulnerabilidad urbana y la exclusión social.
Y las necesidades existen ya que hay territorios de actuación y en cantidad: El Ministerio de la Vivienda que desapareció en 2010, y cuyas competencias pasaron al Ministerio de Fomento, disponía de un registro de 900 barrios desfavorecidos en España. Y solo actuando sobre la rehabilitación integral de edificios de vivienda, se habría posibilitado la rehabilitación de la ciudad y de sus barrios. A nivel físico y social.
Por eso reclamamos y consideramos necesaria una nueva política de vivienda y, por tanto, una nueva Ley de Vivienda. Ya el actual modelo residencial, más allá de la lógica producción, dificulta la plena inclusión social, dificultando la accesibilidad residencial, por la escasa capacidad económica para comprar vivienda (bajos sueldos y vivienda cara) a muchos sectores sociales (jóvenes, familias, trabajadores precarios, discapacitados, etc.) necesitados de alojamiento residencial, favoreciendo la “Guetización” al encontrar solo la oportunidad de tener un techo en determinadas zonas.
De ahí que debamos reclamar nuevamente el artículo 47 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
Hablar de exclusión y de vivienda es entrar en el origen de la desigualdad y esta no la causan las “Crisis”. Ni esta pasada, ni las anteriores, sino que las crisis se producen por la existencia precisamente de esa desigualdad. El boom inmobiliario escondió esa existencia de desigualdad, y quedó al descubierto cuando el boom explotó. La precariedad se ha ido construyendo y consolidando a conciencia. El modelo de acceso a las viviendas y la construcción de los barrios, así como la degradación de determinadas zonas, ha colaborado a la consolidación de la precariedad, a la drástica reducción de la movilidad social y a la actual fragilidad demográfica. Y ahora solo se habla de producción y para nada de planificación social en clave de Derechos.
