El VIII Informe FOESSA analiza el impacto de la exclusión social en Baleares y Castilla y León
Esta mañana se han presentado dos nuevos Informes autonómicos, con lo que son ya 10 los publicados desde julio.
La Fundación FOESSA sigue avanzando en el proceso de investigación de la realidad social puesto en marcha en el marco del VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado el pasado mes de junio, para analizar en cada territorio autonómico del Estado cuál es el impacto de la exclusión social.
Esta mañana se han presentado en Palma de Mallorca y Valladolid dos nuevos Informes, los de Baleares y Castilla y León, con los que son ya 10 el número de investigaciones territoriales publicadas desde el pasado mes de junio.
Informe FOESSA en Baleares: Cáritas advierte que 243.000 personas están en una situación de exclusión social, un 21’5% de la población total
– Baleares es la tercera CC.AA. con más exclusión de todo el territorio español, por detrás de Canarias y Extremadura
– La vivienda es el factor clave en la desigualdad: más de 27% de la población se ve afectada por el acceso a una vivienda digna
– La temporalidad en el ámbito laboral genera trabajadores pobres y excluidos. Un 19’6% de los trabajadores están en situación de exclusión, un 8,6 % en pobreza severa
– La conflictividad social ha aumentado del 5,1 al 13,6 % en los últimos cinco años
La salida de la crisis económica y laboral no ha ayudado a mejorar la vida de muchos ciudadanos de las Islas Baleares, así se desprende del VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas Baleares 2019, que Cáritas Regional ha presentado esta mañana en Palma. El secretario técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores, ha apuntado que la exclusión social a las Islas se ha enquistado dando a la denominada sociedad estancada.
El informe FOESSA en Baleares señala que 1 de cada 5 personas sufre exclusión social en nuestra comunidad, un porcentaje que en cifras se contabiliza en 243 mil personas en situación de exclusión, y dentro de este grupo se sitúa un grupo especialmente vulnerable, la población en situación de exclusión social severa que se sitúa en 98 mil personas. Son personas y hogares sobre las que se ceba la desigualdad y precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, paro persistente, precariedad laboral extrema y su invisibilidad por los partidos políticos. Y en este bloque, encontramos 38 mil personas a la que el informe denomina la sociedad expulsada, que únicamente se preocupan de poder sobrevivir día a día.
El informe también da una buena noticia: la recuperación económica y del empleo ha permitido que 34.000 personas en Baleares hayan abandonado el umbral máximo de la exclusión. La sociedad integrada (aquella que no tiene dificultades para tener una vida digna) ha mejorado pasando a representar un 43% de la población, pero dentro de esta franja se está produciendo una grieta por su base: un grupo de 211 mil personas que, a pesar de están en el espacio de la integración, se encuentran en una situación de inseguridad, siendo los primeros al incorporarse al espacio de exclusión si se produce una desaceleración económica.
Aun así, nuestra comunidad autónoma es el lugar en el que más ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos. Baleares está entre las comunidades españolas y europeas donde hay mayor desigualdad en términos de renta, y es que la renta media en Baleares se ha incrementado un 11% en los últimos 10 años, pero esta subida solo ha sido del 0’6% entre la población con menos ingresos, siendo este uno de los resultados de salida de la crisis basada en el crecimiento del empleo de baja calidad.
El 21,5% de la población balear vive situaciones de exclusión, de los cuales el 8,7% sufre pobreza severa y el 12,8% pobreza moderada. En el cómputo nacional, Baleares es la tercera CCAA con más exclusión, después de Canarias (29,1) y Extremadura (23,2). Aun así, el índice de exclusión severa en Baleares es superior a la de Extremadura.
Según el informe, hay cuatro factores fundamentales que marcan el riesgo social en las Islas como son la vivienda, el trabajo, el conflicto social y la salud.
La vivienda, motor elemental de la desigualdad
La vivienda es un factor clave de la desigualdad y las dinámicas de exclusión social a las Islas, tal y como ha apuntado Raúl Flores en la presentación del informe. Un total de 85.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin hogar, 120.000 personas viven a viviendas inadecuadas, y un dato más en este apartado es que un 14% de la población balear están al umbral de la pobreza severa después de descontar gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda o suministros. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad e inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre sus recursos económicos, su estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
El trabajo, como factor de integración
En el ámbito laboral, la temporalidad de los contratos de trabajo en nuestra comunidad es un factor clave de la situación social, y es que los contratos de corta duración están generando trabajadores pobres y excluidos. La tasa de trabajadores en pobreza severa se eleva hasta el 8,6% y el 19,6% de los trabajadores están en situación de exclusión, por lo que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. Un dato también significativo que aparece al estudio es que el paro de larga duración en 2.018 llega a los 24% triplicando la cifra registrada al 2007.
El conflicto social, tercer factor de riesgo
Las situaciones de conflictos sociales (conductas anémicas, adicciones, maltratos, relaciones vecinales y familiares deterioradas) afectan al 13,7% de la población balear, al 32,1% de la población en situación de exclusión -lo que supone una afectación doble- y al 34,7% de la población en situación de exclusión severa. En términos de evolución, si se tiene en cuenta el conjunto de la población, la proporción de la población afectada por situaciones de conflictos sociales ha aumentado considerablemente entre 2013 y 2018, pasando del 5,1% al 13,7%. Raúl Flores ha apuntado que los dos indicadores que registran un incremento mayor en los últimos 5 años, en este apartado, y que a la vez son más elevados respecto a la realidad del conjunto de España son: las relaciones conflictivas dentro del mismo hogar (4.000 hogares) y las adicciones (48.000 hogares).
Otro indicador del apartado del conflicto social es que el 27’9% de la población señala haber percibido algún tipo de discriminación, el doble que en España, sea por razones de sexo (20%) o por razones de etnia ( 11%).
El acceso a los servicios de salud, factor de desigualdad
El acceso a los recursos sanitarios básicos que no cubre la sanidad pública, según ha apuntado Raúl Flores, es también otro indicador de exclusión dentro de la sociedad balear, especialmente dentro de las personas que tienen una discapacidad, donde la exclusión social se duplica.
La falta de recursos económicos ha supuesto que un 10% de la población balear haya dejado de comprar medicinas o haya parado un tratamiento por esta falta de ingresos, una realidad que también repercute a la hora de acceder a un tratamiento bucodental , donde 1 de cada 4 personas no va al dentista. El Informe FOESSA también destaca que 4.000 personas en situación de dependencia y que necesitan ayuda de otra persona no la reciben por falta de recursos económicos.
Perfiles sociodemográficos de la exclusión en Baleares
Los hogares que registran tasas de exclusión más elevadas son aquellos que la persona sustentadora principal tiene menos de 30 años (32%), sin estudios completos (29%), desocupada(80%) y su origen es de algún país extracomunitario ( 47%), con un hogar con menores (27%) especialmente monoparental (37%) y de familias numerosas.
De estos datos, Raúl Flores ha apuntado que se consolida la mayor exposición a la exclusión de familias con niños, y ha recalcado que “la pobreza se hereda, es una marca de transmisión intergeneracional, y si en la niñez has tenido una situación de dificultad económica, la situación de riesgo de exclusión se duplica en la edad adulta”.
Además, la probabilidad de estar en el espacio de exclusión es mayor para las personas de nacionalidad extranjera. Solo el 21% de la exclusión social en Baleares es de fuera de la UE. Muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del descenso y la pérdida de estatus. “Es importante y urgente establecer una conversación cívica con los que sienten miedo hacia la inmigración, comprender sus razones, pero explicarles el significado de la hospitalidad”, ha remarcado el secretario técnico de FOESSA.
Gasto en Protección Social
Las Islas Baleares también se caracterizan por un gasto en protección social inferior a la media española. El gasto medio anual en las Islas Baleares por el conjunto de las administraciones públicas en el ámbito de la protección social asciende a 2.840 euros por habitante, de los cuales el 78,8% fueron financiados por la Seguridad Social, el 11,1% por la administración central, el 7,2% por las corporaciones locales y el 2,8% por la administración autonómica. El gasto público en prestaciones sociales está en las Islas Baleares algo más bajo que el que se realiza en el conjunto de España, donde el gasto medio en protección social ascendió en el periodo analizado a 3.215 euros. Si bien el gasto de la administración central – 316 euros ante 288 en el conjunto de España- y, especialmente, el gasto local son más elevados, el gasto de la Seguridad Social y, en mayor medida, el gasto autonómico, son mucho más reducidos.
Participación Social y Políticas públicas
El informe FOESSA constata una pérdida de la calidad de nuestra democracia. En Baleares solo un 21% muestra un interés en la participación política, un porcentaje que baja al 6’2% si son personas en situación de exclusión social.
La mayoría de la población continúa apostando por el Estado del Bienestar como mecanismo de protección social y 3 de 4 personas de las Islas optaría para tener más prestaciones y servicios pagando más impuestos, un dato que está por debajo del conjunto de España.
Propuestas de Futuro
El secretario Técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores, ha planteado mecanismos de inclusión de la ciudadanía para invertir esta situación de sociedad desvinculada. Ha hablado de:
– La necesidad de crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas. Un sector público con administración pública, entidades no lucrativas y empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas.
– Repensar el modelo de prestaciones y rentas condicionadas o mecanismos de rentas garantizadas.
– Construir un tejido social que piense en común.
Para finalizar, Raúl Flores ha recalcado que la reflexión que sale después de los resultados del informe FOESSA en Baleares es que estamos en una “sociedad desvinculada, donde cada vez es más difícil hacerse cargo de las personas que quedan atrás, y por eso necesitamos revincularnos, y la construcción de comunidad tendrá una papel esencial”.
Informe FOESSA en Castilla y León: Uno de cada siete castellanoleoneses se encuentra en situación de exclusión social
– El informe FOESSA constata que 368.000 personas se encuentran en exclusión social moderada o severa
– La tasa de riesgo de pobreza relativa en Castilla y León es del 15,4%, frente al 21,6% del conjunto del país
El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León 2019, presentado esta mañana en Valladolid es un retrato de la realidad social en la que nos encontramos en la actualidad. Es el fruto de la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018 en cada Comunidad Autónoma.
A día de hoy el número de personas en exclusión social en Castilla y León es de 368.000, es decir el 15,4% de la población se encuentra dentro de la sociedad estancada. Pero dentro de exclusión social existe un grupo de 99.000 personas especialmente vulnerables afectadas por la acumulación de problemas, que conforman la sociedad expulsada.
Desde 2013 a 2018 la exclusión social solo se ha reducido un 7,5%, mientras que en el conjunto de España ha sido superior al 25%.
Población envejecida
El aumento de la edad de la población castellanoleonesa supone un reto para todos. En palabras de Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Castilla y León, “es imprescindible un apoyo de todos los sectores sociales para que podamos reducir la intensidad de este tipo de exclusión. Programas donde la comunidad cercana tenga un papel relevante y no se deje solo en manos de las familias”.
Vivienda digna
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En nuestra Comunidad la vivienda es el primer generador de dificultades en la sociedad: el 20,2% de la población en exclusión está afectada por esta dimensión. Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura, lo que significa que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio, y 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones para la habitabilidad.
Empleo
La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en considerar el empleo como un privilegio y no como un derecho. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida estructural en nuestra sociedad. De hecho, el 13% de las personas que trabajan en Castilla y León se encuentran en situación de exclusión social.
A pesar de la reducción progresiva del desempleo, a escasa fortaleza del empleo en Castilla y León se percibe en dos indicadores: la exclusión social afecta en mayor medida a los trabajadores a jornada completa, y que 1 de cada 4 personas en la comunidad tienen que combinar los ingresos de su empleo con los de protección social.
Relacionado con el nivel de ingresos, hay que destacar que los hogares castellanoleoneses tienen menor capacidad de afrontar sus deudas que en el conjunto del país. Más del 38% de la población afectada por retrasos en el pago de recibos no podrá hacer frente a ese gasto en mucho tiempo.
Salud
La dimensión de la salud es la más determinante en el ámbito de la exclusión social de Castilla y León. El 58% de la población castellanoleonesa en situación de exclusión se encuentra afectada por este factor. La unión de una mayor edad media del conjunto de la población y de la edad avanzada de personas con determinadas carencias en el ámbito de la salud están siendo determinantes.
Como dato a tener en cuenta es que en 54.000 hogares de la comunidad se han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por motivos económicos.
