Informe FOESSA en la Región de Murcia: 273.000 personas estancadas en el pantano de la exclusión social
Ocho de cada diez personas en pobreza severa no reciben la renta básica de inserción.
Cáritas Diócesis de Cartagena ha presentado esta mañana el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia, cuyos datos y conclusiones apuntan a que la exclusión social se ha enquistado en la estructura social de Murcia, la desigualdad se ha incrementado tanto en el periodo de crisis como en el de recuperación económica, se ha registrado una tendencia fuerte a la precarización del empleo, y el acceso a la vivienda se ha consolidado como motor clave de las dinámicas de exclusión social.
Para el secretario técnico de la Fundación FOESSA y jefe de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, el informe autonómico recoge como “vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos re-vincularnos”. En este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena plantea la necesidad de crear un espacio de responsabilidades compartidas donde las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y empresas sociales confluyan con iniciativas ciudadanas y profesionales.
El Informe FOESSA es un referente por su certera descripción sobre el desarrollo social en España, la estructura social, la desigualdad y la pobreza, las relaciones sociales y la cooperación internacional. Su octava edición consta de un análisis global de la realidad del conjunto del país y de 18 informes territoriales, entre los que se encuentra el de la Región de Murcia. Este estudio regional permite conocer de forma precisa el estado de cohesión social en nuestra comunidad autónoma y en perspectiva comparada con el conjunto de España.
En los últimos 10 años, la distancia entre el 20% de la población con mayor nivel de ingresos y el 20% de la población con menos ingresos se ha incrementado un 8%. El número de personas en exclusión social en la Región de Murcia es de 273.000, el 18,5% de la población. Es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona.
Dentro de exclusión social, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por la acumulación de tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, son 138.000 personas en situación de exclusión social severa. Especialmente preocupante, dentro de las personas en exclusión severa, es un grupo de 37.000 personas que acumulan tal cantidad de dificultades que los denominamos la sociedad expulsada. Son personas preocupadas únicamente en poder sobrevivir en el día a día.
Un grupo de unas 180.000 personas conforman la sociedad insegura que, aun estando en el espacio de la integración, se encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil, y serían los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión si se produce una desaceleración de la economía.
La vivienda, fuente principal de preocupación y exclusión
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre sus recursos económicos, sobre su estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
Algunos de los indicadores más destacados serían:
– 38.000 familias y 100.000 personas tienen la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– 47.000 hogares y 168.000 personas habitan viviendas inadecuadas.
– El 13% de la población (195.000 personas) viven bajo el umbral de la pobreza severa al descontar los gastos del pago de la vivienda y los suministros de la misma.
– El 12% de la población han recibido avisos de cortes de los suministros básicos.
El desempleo persistente y la precariedad generan exclusión
El desempleo, a pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad.
Algunos datos relacionados con el empleo:
– En la Región de Murcia, el 38% de las personas excluidas trabajan.
– El 11% de trabajadores sufren la exclusión social, y el 13% la pobreza. A pesar de su esfuerzo no consiguen unas condiciones de vida mínimas.
– Los niveles de exclusión son más elevados entre quienes trabajan a jornada parcial.
– La parcialidad es indeseada para más de 6 de cada 10 trabajadores parciales.
– El paro de larga duración de 2018, alcanza el 36% y multiplica por 2,5 la cifra del año 2007, antes de la crisis.
Salud y relaciones sociales: la dependencia y la soledad también empujar a la exclusión
El acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública refuerza el carácter de exclusión de la dimensión de la salud, con una especial incidencia entre las personas con discapacidad.
Datos a señalar en el ámbito de la salud:
– La exclusión social se duplica en las personas con discapacidad, alcanzando al 27%.
– El 9% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos, lo que afecta a 128.000 personas.
– 1 de cada 4 personas tienen dificultades para poder acceder a un tratamiento bucodental por no disponer de suficientes recursos económicos.
La escasez y el debilitamiento de las redes de apoyo familiar y social provocan la exposición a situaciones de dependencia y soledad.
Datos a señalar en el ámbito de la dependencia y soledad:
– 2.000 hogares con alguna persona dependientes que necesita ayuda o cuidados de otra persona (para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben.
– 10.000 personas solas que no tienen ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad.
Apoyo firme al Estado del bienestar e inversión social insuficiente
La ciudadanía sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo. Los ciudadanos no consideran creíble el discurso sobre el «excesivo» gasto social.
Existe un amplio apoyo social a la inversión en los servicios sociales. El 73% de los murcianos considera que hay que destinar a los servicios sociales más dinero público que en la actualidad. Y el 85% de los murcianos apuesta por más prestaciones y servicios sociales, aunque esto requiera más impuestos
A pesar de esta realidad, el gasto en prestaciones sociales en Murcia es notablemente inferior al del Estado, y en determinadas prestaciones destinadas a los más vulnerables, como es la renta básica de inserción, la cobertura de la prestación es mínima, inferior al 13% de la población en pobreza severa (109.000 personas en pobreza severa y 14.000 beneficiarios de la renta básica de inserción), y la cuantía de las mismas continúa siendo insuficiente para garantizar unas condiciones de vida mínimas.
A pesar de la insuficiente inversión en políticas sociales, 3,3 de cada 10 personas en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos, y 2,9 de cada 10 personas han acudido a Cáritas, lo que hace que Cáritas sea la primera entidad social de Murcia a la que acuden las personas vulnerables, después de los servicios sociales públicos.
Un Informe riguroso al servicio de la sociedad
Este VIII Informe ha sido construido por más de 500 personas. Un equipo de investigación solvente y comprometido con la realidad de los más pobres, 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. Un equipo de encuestación profesional de más de 350 personas que en el caso de la Región de Murcia han entrevistado a una muestra representativa de los hogares y la población murciana repartida por el conjunto del territorio de la comunidad autónoma. En dichas entrevistas han compartido más de una hora y media de su tiempo para conocer a fondo su situación y poner de forma gratuita las vicisitudes de su vida cotidiana al servicio de la investigación.
Para medir la exclusión social, la Fundación FOESSA ha utilizado 35 indicadores que miden la participación en el empleo, en la capacidad de renta, en el acceso a derechos básicos como son la vivienda, la salud, la educación, participación política, y que miden la ausencia de lazos sociales (la soledad) y las relaciones sociales conflictivas.
