La Mesa Estatal de Personas Mayores recuerda que el actual marco legislativo no es suficiente para garantizar la protección de las personas mayores
La red, de la que Cáritas forma parte, pide al Gobierno que trabaje desde la presidencia europea en una Estrategia europea de personas mayores
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre, la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores -de la que Cáritas forma parte- quiere subrayar determinadas cuestiones que son de vital importancia para las personas mayores en España, así como señalar la necesidad de que el Gobierno participe en el grupo intersesiones de Naciones Unidas y desde la Presidencia de la Unión Europea en una Estrategia Europea de personas mayores.
La Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores denuncia en su manifiesto que el marco legislativo actual no es suficiente para garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores. A pesar de que, en el año 2002, Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA), que incluye recomendaciones para abordar los objetivos socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud y el bienestar y los entornos amigables de las personas mayores, este plan no es vinculante jurídicamente y no incluye mecanismos independientes de supervisión, responsabilidad e investigación. Además, este plan omite importantes cuestiones de derechos humanos y carece de acciones específicas para abordar la discriminación por razón de edad.
Edadismo
El Manifiesto enviado a los grupos parlamentarios y a la Mesa del Congreso recuerda que, debido al edadismo que existe en nuestra sociedad, las personas mayores y, particularmente, las personas con discapacidad mayores no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás, lo que afecta a multitud de aspectos de sus vidas y a su dignidad.
Los estereotipos y prejuicios asociados cultural y socialmente al envejecimiento, a la edad y a las personas mayores hacen que se justifique un trato diferente y discriminatorio al atribuirles un menor valor social y menos capacidades, lo que repercute de forma directa en el disfrute de sus derechos humanos. Además, las mujeres mayores siguen siendo el grupo social en mayor riesgo de exclusión, como además ha especificado la campaña de Naciones Unidas en este día 1 de octubre, especialmente si se asocia la edad a factores de interseccionalidad, tales como la discapacidad, la inmigración o la pobreza.
Este año 2022, han tenido lugar multitud acontecimientos internacionales y nacionales de especial relevancia en relación con la protección de los derechos de las personas mayores. A principios de año la Alta Comisionada de Derechos Humanos publicaba su informe en relación con las lagunas existentes en el ordenamiento internacional señalando que no existen mecanismos suficientes y que es necesaria la Convención por los Derechos de las personas mayores.
Otros dos acontecimientos que han sido de especial relevancia y que no se pueden quedar únicamente en palabras, sino que se han de materializar, estos dos hechos son: la aprobación de la ponencia Informe Ponencia de estudio Sobre el Envejecimiento del Senado, que recoge entre sus medidas la recomendación de la necesidad de una Convención como se recoge en su recomendación 1.2. Posteriormente, en mayo se aprobó la moción para apoyar la Convención, pese a que no se han visto más avances en relación a la Convención. Es imprescindible que las recomendaciones que fueron aprobadas en el Senado hace ya dos años se lleven a la práctica, que no se quede en palabras y se materialice en actos para poder dar herramientas para la promoción de los derechos de las personas mayores.
Por todo ello, la Mesa Estatal considera necesario y urgente que se apruebe una Convención de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos hacia las personas mayores ahora y en el futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en todas las acciones.
